La palabra "fraude" se ha convertido en un mantra que recorre el relato político sobre nuestras obligaciones tributarias, una narrativa que contempla al ciudadano como sospechoso permanente y al Estado como controlador necesario al que se dota de fuertes potestades para "acabar con la lacra del fraude".

Pero... ¿Está realmente justificado o es parte de un juego de dramáticas consecuencias?

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